LEY S.B. 1070

Durango, Dgo., 24 de mayo de 2010. El Rector del Seminario Conciliar Menor, presbítero José Luis Loera Pérez, expresó su opinión sobre la multicitada «Ley Arizona» o «Ley S.B: 1970», en la que el pasado 23 de abril,  la gobernadora de Arizona Jan Brewer promulgó la ley relacionada con la inmigración y seguridad. El rector del Seminario Mayor, dijo que las manifestaciones y desacuerdos se han hecho sentir intensamente en todos los niveles y sectores y no sólo dentro de las fronteras de aquél país, sino también más allá de ellas, inclusive aún faltando días para que se aplique tan controvertida disposición… «La presión, en efecto, ha llevado a realizar unas «modificaciones» a la ley a través de la ley H.B. 2162 el pasado 30 de abril, en donde el concepto de «sospecha razonable», que daba la libertad a los policías locales de detener a cualquier persona, razón por la que se habla de discriminación racial, ha quedado suprimido; además, se mantiene que las personas sí  pueden identificarse ante la policía con una licencia de conducir del Estado de Arizona, con una licencia de conducir válida de cualquier otro estado, con una identificación como miembro de una tribu reconocida en el Estado o cualquier otro documento de identificación válido».

En la exhortación apostólica postsinodal de Juan Pablo II (q.e.p.d.) llamada Ecclesia in America (La Iglesia en América) del año 1999, en su número 65 sobre la problemática de los inmigrados, señala que «la Iglesia es consciente de los problemas provocados por esta situación y se esfuerza en desarrollar una verdadera atención pastoral entre dichos inmigrados para favorecer su asentamiento en el territorio y para suscitar al mismo tiempo, una actitud de acogida por parte de las poblaciones locales, convencida de que la mutua apertura será un enriquecimiento para todos… la Iglesia en América debe ser abogada vigilante que proteja, contra todas las restricciones injustas, el derecho natural de cada persona a moverse libremente dentro de su propia nación y de una nación a otra. Hay que estar atentos a los derechos de los emigrantes y de sus familias, y al respeto de su dignidad humana, también en los casos de inmigraciones no legales.»

«Así pues, toca a las autoridades competentes seguir entablando y fortaleciendo vínculos de comunicación y voluntad firmes para tratar el fenómeno complejo de la movilidad humana, no olvidando sus causas, pero sin descuidar la dignidad de las personas», finalizó.