Legalización de uniones entre homosexuales en el Congreso del Estado de Durango

En el Congreso del Estado de Durango, un partido político ha propuesto que se legalice “el matrimonio entre personas de un mismo sexo”. Los invito a reflexionar sobre algunos aspectos que sirvan a cada uno de nosotros y ayudemos a nuestros diputados a discernir sobre qué es lo mejor para nuestras familias y nuestra sociedad.

Algunos reivindican el derecho de que se casen dos hombres o dos mujeres. Si todos los ciudadanos tienen derecho a contraer matrimonio, ¿por qué no los homosexuales? Si las familias suelen organizarse en torno a dos personas que comparten su vida, ¿por qué esas dos personas han de ser siempre un hombre y una mujer? Si todo matrimonio puede procrear hijos o adoptarlos, ¿por qué privar a las parejas homosexuales de esa posibilidad?

La Iglesia católica en su misión, ha insistido siempre en base a la razón humana, a la Sagrada Escritura y la tradición, que el matrimonio es la unión conyugal de un hombre y de una mujer, orientada a la ayuda mutua y a la procreación y educación de los hijos.

Uno de sus argumentos son los derechos humanos. Pero, éstos, son indiscutibles, imprescriptibles, irrenunciables, universales, como todo derecho humano, por el simple hecho de ser personas. La dignidad de la persona humana constituye un valor absoluto, como el de la vida misma desde su concepción hasta la muerte natural. Ellos tienen derechos, no por su condición específica de homosexualidad, sino por su condición humana.

Pero los derechos humanos no pueden ser inventados, existen desde siempre en la raíz misma de lo humano, existen desde que el ser humano apareció sobre la tierra. Lo que se ha hecho es clasificar los derechos humanos con criterios axiológicos (filosofía de los valores) es decir, los derechos relativos a la vida, a la justicia, a la libertad, a la propiedad.

¿Cuál es el valor del “matrimonio” entre personas del mismo sexo? ¿Qué le añade a la sociedad? Los homosexuales tienen todo el derecho de ser respetados como personas humanas, son libres de hacer de su vida lo que les plazca, pero saben muy bien que son incapaces de aportar nuevas vidas a la sociedad.

Pero el “matrimonio” entre personas del mismo sexo no es de interés público. No aporta nada a la sociedad. Es un privilegio, es decir, una ley privada que no es aplicable a todos. Quienes han propuesto estas modificaciones a la ley en México y en otras partes del mundo, lo han hecho porque se les han agotado las ideas, en su pretensión de destruir las instituciones naturales como el matrimonio y la familia (vgr. ideología de género); otros lo han hecho por una intención perversa, generada por el odio a lo que es natural. Por otra parte, representan intereses políticos y económicos muy poderosos, aunque sus argumentos son muy pobres.

Ellos pretenden destruir lo que llaman “conservador” y se oponen de manera dogmática e intolerante como “liberarles”. Pero todo ello es parte de una agenda de instituciones multinacionales, agencias y empresas transnacionales, unas porque quieren convencer lo inconveniente de la “sobrepoblación” y otras, porque les significa un mercado más amplio para explotar sus intereses.

¿Tiene derecho el Estado a regular cada vez con mayor poder invasivo la realidad del matrimonio, hasta el punto de arrogarse el poder de definir cuál sea la esencia del matrimonio? En realidad, el matrimonio precede al Estado: es algo original y no sometido a las decisiones de una dictadura o de un partido político. El Estado, por lo tanto, no debería imponer leyes arbitrarias sobre esta institución natural. Su competencia reguladora debe limitarse a aclarar y dirimir aspectos sociales de las uniones matrimoniales, para evitar abusos, para promover la convivencia y, sobre todo, para proteger y fomentar las riquezas propias del matrimonio y de la familia.

            Oponerse con firmeza a leyes como esta, incluso con la objeción de conciencia será un testimonio de respeto hacia el verdadero matrimonio y a su papel en la configuración de sociedades sanas y de personas maduras. Ello no quita, desde luego, que los católicos, y especialmente los sacerdotes, mantengamos una actitud pastoral de acogida y respeto hacia las personas que tienen tendencias homosexuales, como nos recuerda la Iglesia (Consideraciones n. 4 y 5) en la «Carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales».

Durango, Dgo., 2  de Marzo del 2014                                  + Mons. Enrique Sánchez Martínez

                                                                                                    Obispo Auxiliar de Durango

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