Después de haber dedicado dos entregas con intención concientizadora para formarnos criterios de juicio sobre el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, en esta tercera y última entrega seremos más analíticos. El Tratado se firmó el 17 dic. 1992, se fijó su vigencia inicial para el 1 de enero de 1984, dejando la vigencia para los productos agropecuarios para el 1 de enero del 2008.
Según lo que reflexionamos en las dos entregas anteriores, en términos generales el Tratado ha sido favorable en sus efectos para México. El problema del campo en México es que no logra producir competitivamente y el procampo es para grandes extensiones. Como en el mundo la agricultura está subsidiada con tecnología y préstamos a reintegrar, algunos campesinos ricos quizá sí podrán producir bien, pero no todos. Así no se podrá competir con Estados Unidos y Canadá. Tuvimos quince años de plazo para prepararnos y ahora resulta que tenemos el problema de la apertura de las fronteras o entrada libre de productos del campo. Los limitantes del campesino mexicano son: que no están educados, no tienen información, conocimientos, tecnología o créditos bien manejados; no se controla la aplicación de los abundantes subsidios. No se ha puesto una buena atención desde los tres niveles de gobierno; se requiere co-participación para manejar los subsidios, incluyendo la responsabilidad de los mismos campesinos.
Recientemente se dijo en un Congreso de Pastoral Social que “la economía no tiene corazón”; también he escuchado voces oficiales desfavorables diciendo que no tiene caso invertir en el campo, que la agricultura no productiva, desaparecerá. Pero, se necesitan voces de esperanza en que el campo tiene que producir; no podemos quedarnos con la idea de que el campo mexicano va muriendo; no podemos quedarnos sin hacer nada.
Si la pobreza origina la migración, como Iglesia, requerimos un proyecto propio de apoyo efectivo al campesino y un compromiso serio del Presbiterio; no sólo acopiar el diezmo, también organizar rogativas por las lluvias, conjuros contra las plagas y recorridos por los campos; compromiso de reflexión y formación en doctrina social de la Iglesia; de servir, orientar y motivar a los campesinos sobre tecnologías, organización y asociaciones; enseñar al campesino a dar valor agregado a sus productos, animar y luchar por la productividad del campo y la competitividad. Esto implica un cambio de paradigmas mentales, culturales y técnicos, pues se prevé un aumento de latifundios individuales y extranjerizantes. Capitalizar al campesino, educando en el ahorro, como educan las Cajas Populares de ahorro, producción o consumo. Como fruto de los Congresos agrícolas que se vienen celebrando anualmente en nuestra Arquidiócesis, se tiene una Promotora Agrícola, los campesinos creen en la Iglesia y algunos pequeños productores están presentando proyectos; eventualmente se distribuyen implementos agrícolas; se promueve el programa “cosecha de agua” que almacena, canaliza y administra las lluvias.
Tuvimos quince años para prepararnos a la vigencia agrícola del Tratado y nuestra preparación fue baja o deficiente; ahora, se escuchan voces pidiendo revisarlo; pero, siendo extemporáneo frenarlo o revisarlo ahora, para acomodarlo a nuestra indolencia o a los intereses de parte, no es solución; será mejor, que reforcemos nuestro apego a la tierra, que volvamos la tierra a su vocación, que capitalicemos el campo y mejoremos la producción y de ahí la competencia. Bendita sea la tierra, benditos sean los campesinos.
Durango, Dgo. 27 de enero del 2008.
Héctor González Martínez