En estas últimas semanas se han escuchado algunas voces acerca del nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro Estado de Durango, que se implantó en el 2009 e inició con el primer juicio oral en el 2010. En general la gente no conoce este sistema de justicia penal. Se decía al inicio: “Es un esfuerzo compartido entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por parte de diversos sectores y organismos de la sociedad civil. Autoridades federales como locales, elogiaron y dieron el respaldo para la implementación de esta Reforma”.
Su objetivo es “eficientizar, abaratar y transparentar el servicio de impartición de justicia a toda la sociedad, tanto para las partes afectadas como para el inculpado”. Beneficios: Soluciones Alternativas o de Justicia Alternativa, en donde podrá existir una solución previa a la consignación frente al Poder Judicial de delitos que afecten solamente intereses de particulares, no al interés público, y que puedan ser resueltos en la Procuraduría General de Justicia, revisados por un juez de ejecución de sentencia. Baja en más del 50% el número de asuntos que llegan al Poder Judicial y que pueden tener un arreglo entre las partes, no se incluyen los delitos graves como homicidios, violación, secuestro, entre otros. La Transparencia, ya que la acusación la realizará el Ministerio Público al juez en audiencia, en donde podrá estar cualquier persona y cualquier medio de comunicación, y de ese asunto no debe de tener conocimiento el juez hasta el día de la audiencia, con la finalidad de evitar cualquier vicio.
Otros beneficios: La Equidad Pública, sólo cuando estén ambas partes podrá iniciar el asunto, para que no exista la percepción de que se arregló con alguno de los involucrados. La Inmediatez, es decir, la presencia obligatoria de que el juez sea quien resuelva frente al acusado o imputado, a su defensor y Ministerio Público, no se podrá delegar a ningún secretario actuaciones judiciales que le corresponden al juez, ya no habrá secretarios. Las videograbaciones no escritas (imágenes y voz), que tendrán candados para que no sean alteradas y estarán bajo el resguardo del Poder Judicial, es el testimonio de las actuaciones de los participantes en un juicio. Se distribuye de una mejor manera el trabajo de los jueces y magistrados, es decir las funciones que no son judiciales las tendrá un administrador y personal de apoyo, que el juez sólo resuelva asuntos judiciales y estará dedicado al 100% en sus funciones de juez. Profesionalismo de todos los participantes en su operación, se requiere invertir recursos para una adecuada administración y procuración de justicia. Hacer realidad la presunción de inocencia: en el momento de que una persona es acusada se le presume inocente, y el Ministerio Público tiene que comprobar su responsabilidad en el delito que le imputa.
A muy poco tiempo hay voces de que el sistema tiene fallas: “Es necesario reformar el nuevo sistema de justicia penal para evitar que los agresores de mujeres queden en libertad… la actual ley deja al agresor regresar con su víctima tan sólo con arrepentirse”. Hay escepticismo respecto a la viabilidad de los juicios orales: “es una buena intención de mejorar las cosas, pero no bastan las buenas intenciones, se requiere dinero para que se tenga una policía científica, eficiente y suficiente, para que investigue y descubra las pruebas de la culpabilidad y para que con esas pruebas se le lleve un juicio a esa persona”.
Hay quejas y señalamientos de parte de los litigantes de “que la impartición de justicia está dominada por serios incumplimientos y la presencia de comportamientos de corrupción que en muchas ocasiones se hacen de manera clara y descarada. No habrá un correcto desempeño del Nuevo Sistema de Justicia Penal si no se cuenta con una actitud vertical y transparente de parte de los servidores públicos”.
Existe preocupación porque “el Nuevo Sistema de Justicia Penal está vinculado de manera clara a un burocratismo abierto, a la dádiva del litigante al funcionario judicial para verse favorecido en sus promociones, y a la facilidad de dar una respuesta judicial sin entender que la responsabilidad de actuar con toda seriedad es uno de los elementos más significativos en la impartición de justicia”. Se reclama un régimen de justicia penal eficiente y que satisfaga a la sociedad para impedir que se enfrente no sólo a la incompetencia de jueces sino también a la compra de voluntades que es otro factor que deforma de manera clara los resultados de la justicia.
Cuando se inició este sistema se tenía la seguridad de su bondad en todos los niveles de gobierno y por eso fue aprobado y se le ha invertido. ¿Serán verdad todas estas voces acerca de las fallas?
Ante esto quiero señalar que los Obispos mexicanos, en la Exhortación “Que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna”, (nums. 45-47) ya habíamos advertido que: “Hay disimulo y tolerancia con el delito por parte de algunas autoridades responsables de la procuración, impartición y ejecución de la justicia. Esto tiene como efecto la impunidad, las deficiencias en la administración de justicia (por incapacidad, irresponsabilidad o corrupción). Se ha hecho evi¬dente la infiltración de la delincuencia organizada en instituciones del Esta¬do. Si no hay justicia, se puede delinquir con mayor facilidad. La corrupción es una forma de violencia que, al inocularse en las estructu¬ras de servicio público, se transforma en delincuencia organizada, ya que de manera descarada se impone «la mordida» como condición a los ciuda¬danos para recibir un beneficio o servicio gratuito… El combate a la corrupción es contradictorio, pues las contralorías no son autónomas en su toma de deci¬siones y caen en la complicidad. Esta situación de corrupción instituciona¬lizada hace sentir la necesidad de autonomía en la procuración de justicia… Es urgente superar definitivamente la anti¬cultura del fraude, de los privilegios de unos cuantos y consolidar procesos e instituciones que permitan la representación de toda la sociedad, a través de métodos transparentes y de autoridades legítimamente elegidas a las que la ciudadanía les pueda pedir cuentas de su actuar”.
Ante las fallas de la impartición de justicia, los obispos proponemos y nos comprometemos (núm. 204): Educar para la legalidad porque las leyes legítimas y justas deben cumplirse, y además, es la base y el presupuesto de la convivencia civil. Hacer conciencia sobre la dimensión ética de toda actividad humana, ya que la legalidad tiene su motivación radical en la moralidad de la persona. Proponemos una ética racional, co¬herente con el humanismo del Evangelio y orientada a alcanzar la paz. Impulsar la formación cívica y política básicas, fundada en las gran¬des afirmaciones de las ciencias y la ética políticas. Reconocer que vivir en un Estado de Derecho nos exige actuar dentro del marco de la ley. El respeto de las nor¬mas y de la autoridad legítima nos garantizará paz, orden y progreso. Reformular, por la vía democrática, las leyes que nos lle¬ven a la consolidación de una sociedad más humana y jus¬ta en la que haya condiciones para que todos tengan una vida digna. Educar en el sentido de la legalidad éste no se improvisa, exige un proce¬so educativo.
Pero la legalidad y la justicia es tarea de todos, particularmen¬te de la familia, de la escuela, los espacios de animación juvenil, de los medios de comunicación, de las instituciones públicas y de la sociedad civil, de los partidos políticos.
Durango, Dgo., 30 Enero del 2011.
+Enrique Sánchez Martínez
Obispo Auxiliar de Durango
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