¿Quién garantiza que no habrá fraude electoral el 4 de julio?

Falta aproximadamente menos de un mes para las elecciones en el Estado de Durango, donde los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir gobernador, presidentes municipales y diputados locales. Pero está listo nuestro pueblo para votar y elegir? Nuestra democracia, garantiza unas elecciones libres? Se respetará la voluntad del pueblo? Aun se siente y se escucha el fantasma de elecciones pasadas, ¡fraude electoral!, ¡se inflaron las urnas!, ¡se cayó el sistema!, dicen que esto ya no es posible, sin embargo, hay más posibilidades de ello. Es verdad que hoy existen instituciones que deben velar por que se respete la voluntad de los votantes. Pero también existen argumentos para poder pensar en un fraude a través del sistema electrónico, a donde llegan los resultados de las casillas. ¡En el mundo cibernético todo se puede! ¿Está garantizado de que no habrá tal fraude electoral?
Los ciudadanos lo esperan, porque es su derecho. Hay cierto progreso democrático, pero se ve con preocupación el acelerado avance de diversas formas de “regresión autoritaria por vía democrática y electoral”. Esto quiere decir que “no es suficiente una democracia puramente formal, fundada en la limpieza de los procedimientos electorales, sino que es necesaria una democracia participativa y basada en la promoción y respeto de los derechos humanos”.
Se han constatado importantes transformaciones en las instituciones representativas del país, y del Estado, como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), existe una legislación estatal en esta materia: la Ley electoral del Estado de Durango; Ley de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana; en el Código Penal Estatal, una lista de delitos electorales; Tribunal electoral del Poder Judicial del Estado de Durango; en lo federal, un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y una Fiscalía especializada para la Atención de Delitos Electorales, etc.
Pero, si el análisis que se hace en todos los campos de la vida social y política, lo que más resalta es la impunidad y la corrupción, empezando con los mismos funcionarios y servidores públicos, ¿cómo creer que solo la existencia de leyes garantiza elecciones libres y democráticas?
Es importante señalar que “aún existen deficiencias graves en el reconocimiento efectivo del derecho político al voto libre y secreto. En efecto, aún en ciertos ambientes se realizan prácticas intimidatorias y coercitivas que disminuyen gravemente la libertad en el ejercicio del voto… existe el «voto del miedo», la compra del voto, cuando la ignorancia y las múltiples pobrezas de nuestro pueblo son aprovechadas de un modo deshonesto para promover formas diversas de fraude electoral”.
Los obispos mexicanos afirman “con toda claridad que colaborar directa o indirectamente con el fraude electoral es un pecado grave que vulnera los derechos humanos y ofende a Dios”. En gobiernos democráticos no siempre son respetados totalmente estos derechos. Existen cuestiones que la sociedad plantea (como la corrupción e impunidad), y que no son examinados con criterios de justicia, legalidad y moralidad, sino más bien de acuerdo con la fuerza electoral o financiera de los grupos que los sostienen. Estas desviaciones de la actividad política producen desconfianza y apatía, con lo cual disminuye la participación y el espíritu cívico entre la población, que se siente perjudicada y desilusionada.
Con el fortalecimiento y unidad de los partidos, la honestidad de los candidatos y contiendas electorales más transparentes y legítimas, se puede constatar que es posible el cambio del poder político, e incluso la alternancia, sin que prevalezca siempre la anticultura del fraude electoral.
La participación de la Iglesia es impulsar la construcción de una cultura democrática promoviendo distintas actividades de formación que promuevan la participación ciudadana, insistiendo en los valores que fundamentan la democracia, en sus elementos sustanciales, estructurales y de procedimiento y en la importancia del principio de representatividad.

Durango, Dgo., 6 de junio del 2010.

+ Enrique Sánchez Martínez
Ob. Aux. de Durango

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