Otro factor que ha contribuido a la delincuencia organizada se detecta en la vida política. La crisis de inseguridad y violencia, ha provocado la organización de grupos sociales que buscan hacer sentir su frustración social. Constantemente hay quejas de que no hay garantías de seguridad y también por la impunidad en que quedan muchos delitos del crimen organizado. A esto se añade el dolor de haber perdido un ser querido y las respuestas parciales, contradictorias y hasta cómplices de las instancias de servicio público. Cuando esta situación es manipulada por algún actor político para otros fines, aumenta el riesgo de violencia y de peligro para la sociedad.
La situación en la que vivimos los mexicanos, exige la renovación del Estado Mexicano. Debido a diversas causas el Estado tiene dificultades para definir una política social que lleve a la superación de la pobreza y propicie condiciones y oportunidades de desarrollo humano integral. Aún así, ha sido notorio en distintos niveles de gobierno, el esfuerzo por implementar políticas sociales para la superación de la pobreza. Aunque sus logros se ven minimizados por los efectos de la crisis financiera global. Existe aún el clientelismo político, propiciando paternalismo y dependencia en los ciudadanos. Hay descontento social por los errores en la gestión de las políticas públicas para la superación de la pobreza. En ocasiones la situación de pobreza es aprovechada por quienes tienen ganancias ilícitas para legitimarse delante de la población mediante ayudas o apoyos a las necesidades de la comunidad.
La impunidad. Hay disimulo y tolerancia con el delito por parte de algunas autoridades responsables de la procuración, impartición y ejecución de la justicia. Esto tiene como efecto la impunidad y las deficiencias en la administración de justicia (por incapacidad, irresponsabilidad o corrupción). Se ha hecho evidente la infiltración de la delincuencia organizada en instituciones del Estado. Si no hay justicia, se puede delinquir con mayor facilidad.
La corrupción “es una forma de violencia que, al inocularse en las estructuras de servicio público, se transforma en delincuencia organizada”, ya que de manera descarada se impone “la mordida” como condición a los ciudadanos para recibir un beneficio o servicio gratuito. Este tipo de delincuencia se defiende a sí misma de manera violenta, llegando incluso a generar muertes para ocultarla y el desprecio, difamación y aislamiento de los funcionarios que no participan en este ilícito. “El combate a la corrupción es contradictorio, pues las contralorías no son autónomas en su toma de decisiones y caen en la complicidad. Esta situación de corrupción institucionalizada hace sentir la necesidad de autonomía en la procuración de justicia”.
“Algunas estructuras se han deteriorado por la corrupción, la impunidad y el autoritarismo; de los privilegios de unos cuantos y consolidar procesos e instituciones que permitan la representación de toda la sociedad, a través de métodos transparentes y de autoridades legítimamente elegidas a las que la ciudadanía les pueda pedir cuentas de su actuar”.
La seguridad de los ciudadanos es tarea del Estado. Si se entiende la seguridad ciudadana como “la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros”, el objetivo de las políticas del Estado tendría que orientarse a liberar a las personas del miedo a ser agredido o despojado de lo necesario para vivir. Este sería el camino para el fortalecimiento de las capacidades del Estado.

Durango, Dgo., 8 de Agosto del 2010.
+ Enrique Sánchez Martínez
Obispo Auxiliar de Durango

email:episcopeo@hotmail.com

“El crecimiento de la violencia se ha convertido en un signo de nuestro tiempo que debemos discernir para ponernos al servicio del Reino, anunciado por Jesús, que vino para que todos tengan vida y la tengan en plenitud (Cf. Jn 10,10)”. Así lo expresan los obispos mexicanos en la exhortación Pastoral “Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna”. La primera parte del documento, que es el análisis de la realidad (del num. 10 al 27), identifica el problema de la violencia y la inseguridad con objetividad y realismo.
“… La Iglesia no puede prescindir del contexto histórico donde viven sus miembros… la vida social, política, económica y cultural representa desafíos a la misión de la Iglesia de construir el Reino de Dios. Por ello, comenzamos acercándonos a la realidad a partir de nuestra experiencia de la fe en Cristo; de ella surge una manera de entender al hombre y a la mujer, su ser integral de persona, conforme a su dignidad de hijos de Dios… Así nos acercamos a los grandes problemas que encontramos en nuestro camino, para que sean aclarados con la luz del Espíritu que ayuda a caminar en la caridad hacia la verdad plena (Cf. Jn 16,13)” (num. 11).
Se ha incrementado en nuestro país la violencia causada por organizaciones criminales, y “tiene sus propias características, sus causas y sus circunstancias”. Se caracteriza por la crueldad, por la venganza, por la exhibición de poder y por la intención de intimidar a quienes son considerados rivales y a toda la sociedad. Algunas de las actividades criminales más comunes son: el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, el lavado de dinero, distintos tipos de extorsión y las ejecuciones intimidatorias (num. 12).
Esto no es algo nuevo, tienen raíces profundas. Si en el pasado, “la omisión, la indiferencia, el disimulo o la colaboración de instancias públicas y de la sociedad no fue justa y toleró o propició los gérmenes de lo que hoy son las bandas criminales, tampoco es justo ahora exculparse, buscando responsables en el pasado y evadir la responsabilidad social y pública actual, para erradicar este mal social” (num. 13).
El narcotráfico es una de las formas más difundidas del crimen organizado. Existe desde hace varias décadas en distintas regiones del país, donde también se tejieron redes de traficantes con complicidad de instituciones y organizaciones gubernamentales y de la sociedad. “En su inicio el negocio ilícito se limitaba al cultivo y al tráfico de drogas, que tenía como principal destino los Estados Unidos de Norteamérica. Al difundirse la adicción a las drogas enervantes, México además de ser país productor y de trasiego de la droga, se convirtió en un país consumidor, cerrándose así el ciclo de: producción, distribución, venta y consumo”. La disputa entre los cárteles de la droga por los territorios más favorables, ha propiciado enfrentamientos entre los grupos y ha implementado el oficio de los sicarios que se contratan para asesinar, tanto para mantener el control del territorio, como para ajustes de cuentas (nums. 14 y 15).
Hay quienes tienen la convicción de que el crimen organizado “ha corrompido personas y grupos de la sociedad, lo mismo que a grandes y pequeñas empresas. Para neutralizar la intervención de la autoridad, evitándola, anticipándose a ella, o distrayéndola, han corrompido también a servidores públicos, se han infiltrado en la estructura de los distintos niveles de gobierno, de procuración de justicia y del sistema judicial, convirtiéndose en una amenaza para la seguridad nacional y la democracia y, por tanto, en un abierto desafío al Estado” (num. 16).
La trata de personas es un delito, un acto criminal que viola los derechos humanos, que lesiona la dignidad y la integridad de personas, particularmente niños y mujeres, que son vendidas para ser explotadas por redes de prostitución y por otras formas de explotación sexual; o para ser dedicadas a la servidumbre, la mendicidad, al matrimonio servil, la extracción de órganos y el turismo sexual (num. 17).
Los escenarios de violencia requieren y dependen del tráfico de armas. El cese de la violencia se vuelve difícil por la fabricación y comercio ilícito de armas de distintos calibres, que son instrumentos para el empleo ilegítimo de la fuerza (num. 19).
Hay una clara coincidencia en la ruta que siguen el tráfico de drogas, la trata de personas y el tráfico de armas. Esta realidad “…no es exclusiva de nuestro país; están interconectadas entre sí y con grupos criminales de otros países; se articulan en la lógica del mercado global para extender su poderío y optimizar sus ganancias ilícitas. Sin una acción de nivel internacional, concertada entre los países que se ven involucrados, los resultados de los esfuerzos que se hagan en México, para erradicar este mal o debilitar sus efectos, serán muy pobres” (num. 20).
Existen otras modalidades de la violencia: El secuestro; la extorsión, El lavado de dinero; las ejecuciones. Los feminicidios, los crímenes por homofobia y aquellos perpetrados contra distintos grupos vulnerables en varios lugares de México, en especial en la frontera norte, nos hablan también de una nueva manifestación de la violencia de género.
“La situación que hemos considerado hasta aquí, nos hace constatar una vez más que algo está mal y no funciona en nuestra convivencia social y que es necesario exigir y adoptar medidas realmente eficientes para revertir dicha situación. Debemos ir más allá en nuestro análisis… hay que actuar asumiendo nuestra responsabilidad social y vigilar que las instancias públicas asuman la suya. Para ello es necesario ir a la raíz de los graves males que aquejan a la sociedad”.

Durango, Dgo., 25 de julio del 2010.

+ Enrique Sánchez Martínez
Obispo Auxiliar de Durango

email:episcopeo@hotmail.com

La participación del pueblo de Durango en las elecciones del domingo pasado, son una muestra de lo que anhelamos, de lo que queremos y de lo que se puede conseguir cuando se es consciente de que para el bien común, para la justicia, podemos y debemos contribuir todos.
El Papa Benedicto XVI, al dirigirse a nuestro continente, y por ende a México, dice: “… tienen derecho a una vida plena, propia de los hijos de dios, con unas condiciones más humanas: libres de las amenazas del hambre y de toda forma de violencia… sus pastores han de fomentar una cultura de vida que permita… pasar de la miseria a la posesión de lo necesario, a la adquisición de la cultura… a la cooperación en el bien común… hasta el reconocimiento, por parte del hombre, de los valores supremos y de Dios, que de ellos es la fuente y el fin”. El desarrollo auténtico ha de estar encaminado a la promoción de todo el hombre y de todos los hombres. Esto invita a todos a “asumir las graves desigualdades sociales y las enormes diferencias en el acceso a los bienes”. México anhela, nuestro Estado de Durango anhela, sobre todo, la plenitud de vida que Cristo nos ha traído: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”; con esta vida divina se desarrolla también en plenitud la existencia humana, en su dimensión personal, familiar, social y cultural.
Para formar al discípulo y sostener al misionero en su gran tarea, la Iglesia le ofrece, el Pan de la Palabra, el Pan de la Eucaristía: al escuchar la Palabra divina, el corazón arde porque es Él quien la explica y proclama. Cuando en la Eucaristía se parte el pan, es a Él a quien se recibe personalmente. El encuentro con Cristo en la Eucaristía suscita el compromiso de la evangelización y el impulso a la solidaridad; despierta en el cristiano el fuerte deseo de anunciar el Evangelio y testimoniarlo en la sociedad para que sea más humana y justa.
¿Cómo puede contribuir la Iglesia a la solución de los urgentes problemas sociales y políticos y responder al gran desafío de la pobreza y de la miseria? ¿Cómo actuar frente a los problemas de inseguridad y de violencia que hoy se nos presentan? Como Iglesia es fundamental preguntarnos sobre el modo de cómo debemos reaccionar ante estos desafíos. Para esto debemos hablar de estructuras: “Las estructuras justas son una condición indispensable para una sociedad justa, pero no nacen ni funcionan sin un consenso moral de la sociedad sobre los valores fundamentales y sobre la necesidad de vivir estos valores con las necesarias renuncias, incluso contra el interés personal”. Una sociedad donde Dios está ausente no encuentra el consenso necesario sobre los valores morales y la fuerza para vivir según la pauta de estos valores. “Las estructuras justas han de buscarse y elaborarse a la luz de los valores fundamentales, con todo el empeño de la razón política, económica y social. Son una cuestión de la recta ratio y no provienen de ideologías ni de sus promesas”. Se han de buscar de manera racional las respuestas adecuadas y debe crearse el consenso sobre las estructuras que se han de establecer. A todos los laicos católicos, como ciudadanos, o cuando asuman un liderazgo, o cuando desempeñen un servicio en el gobierno, les compete la búsqueda y la formación de estos consensos sobre los valores fundamentales que necesita la sociedad. En este momento debemos fortalecer las estructuras que pueden garantizarnos una mayor democracia, y una nueva etapa de mayor justicia y equidad, de paz y seguridad.
Después de la jornada electoral de este 4 de julio, y ante las normales reacciones de quienes ganaron o perdieron, debemos pensar qué es lo que en este momento necesita nuestro pueblo que ha participado con una gran conciencia democrática, al acudir a las urnas y emitir su voto.
Pedimos al Espíritu Santo y a Santa María de Guadalupe por quienes tienen la responsabilidad en el proceso de las elecciones, para que “conserven la serenidad y la cordura, tengan apertura para escuchar y dialogar”, y se pueda llegar así a una conclusión con la declaración de quienes resultaron electos como nuestros gobernantes y legisladores.

Durango, Dgo., 11 de julio del 2010. + Enrique Sánchez Martínez
Ob. Aux. de Durango
email:episcopeo@hotmail.com

El “Mensaje Pascual con motivo del proceso electoral 2010” de la Arquidiócesis, dedica un número especial para orientar a la comunidad y en especial recordar a los sacerdotes su papel en este proceso electoral y en general en la vida pública (cfr. num. 10). Los sacerdotes, “… testigos de las realidades terrenas, no pueden permanecer ajenos a los aconteceres humanos, tienen por ello una específica obligación de no conformarse con este mundo… como persona consagrada a Cristo y llamado a identificarse de una manera especial al Señor, tiene como una función especial de llevar la luz del Evangelio entre sus hermanos los hombres… por su especial dedicación a la cosas divinas, deben ser especialmente sensibles a las injusticias de este mundo y a la pobreza y demás lacras sociales”.
La “caridad en la verdad” llevará al sacerdote a ayudar activamente a luchar contra alguna situación de injusticia que se le presente; así lo ha hecho la Iglesia Católica a lo largo de la historia: ha creado hospitales para los más necesitados; ha iniciado y dirigido escuelas y centros de enseñanza para gente sin recursos; ha promovido la constitución de cooperativas laborales, de ahorro y crédito; también ha iniciado diversas Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo, etc.
Pero no es misión de la Iglesia dar respuestas concretas a los problemas sociales de cada momento o de cada lugar, pues esta es misión del Estado. “La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política”. La Iglesia puede ayudar a la consecución de los objetivos de justicia social a través de orientaciones morales, de la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia o de la sensibilización de las conciencias en los graves problemas de la sociedad. Pero no debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible.
Es a los laicos a quienes compete la transformación de las estructuras temporales de la sociedad, les “corresponde iluminar y organizar todos los asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados, de tal manera que se realicen continuamente según el espíritu de Jesucristo y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y del Redentor”. Es vocación de los laicos “descubrir o idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana impregnen las realidades sociales, políticas y económicas”.
Los fieles laicos actuarán según competencia, y propondrán diversas soluciones a los problemas sociales y políticos. Sin duda habrá muchas propuestas de soluciones para los diferentes problemas. La Iglesia en cuanto tal no prefiere ninguna solución política de entre las que proponen los ciudadanos. Sin embargo, la Iglesia tiene derecho a “dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y solos aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempos y de situaciones”. Estos juicios morales, no se deben entender como una intromisión en la legítima libertad de los católicos o en la organización del Estado, sino como una orientación moral a los laicos que les ayuda en su misión de transformar las estructuras temporales a la luz de la doctrina del Evangelio.
El sacerdote que pretenda participar activamente de la vida política, en cierto sentido traiciona su peculiar vocación, puesto que ellos “no son del mundo”, según la palabra del Señor, nuestro Maestro. Los sacerdotes son promovidos para servir a Cristo Maestro, Sacerdote y Rey, y su misión principal consiste en ofrecer el sacrificio, perdonar los pecados y desempeñar públicamente, en nombre de Cristo, la función sacerdotal en favor de los hombres. El pueblo necesita sacerdotes entregados a sus funciones, no sacerdotes que intenten ocupar el espacio de los laicos.
Si esto se puede decir de los sacerdotes, con mayor motivo se puede afirmar de los Obispos, los cuales, puestos por el Espíritu Santo, ocupan el lugar de los Apóstoles como pastores y tienen como misión principal la de enseñar, santificar y regir. Su solicitud se debe extender a todos los fieles confiados a su ministerio, a todas las personas incluso las no católicas. Los pastores, cuando se dedican al cuidado de su grey, atienden también al bien y a la prosperidad civil, uniendo su obra a la de las autoridades públicas, en razón de su ministerio episcopal y aconsejando la obediencia a las leyes justas y el respeto a las autoridades legítimamente constituidas.
El Estado no puede prohibir que un Obispo o un sacerdote participe en la vida política, pues sería una intolerable discriminación de una persona por razón religiosa, lo cual sería radicalmente contrario a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los sacerdotes se abstienen de participar en la vida política de modo voluntario ante la autoridad civil, esto es por que el motivo por el que actúan así es la obediencia a la autoridad eclesiástica y la consideración de la excelencia de su vocación. Con la dedicación de los Obispos y sacerdotes a su ministerio, se fomenta el desarrollo de la sociedad civil sin que sea necesario ni conveniente que participen activamente en la vida política.
“Como pastores, estamos llamados a ser factores de unidad y de comunión, de reconciliación y de paz, hemos de respetar la libertad de los fieles laicos en sus opciones políticas, dentro de un sano pluralismo de partidos. De hecho, ningún partido representa a la Iglesia y los católicos pueden militar o dar su voto libremente al partido o al candidato que mejor responsa a sus convicciones personales”.

Durango, Dgo., 27 de junio del 2010.
+ Enrique Sánchez Martínez
Ob. Aux. de Durango

email:episcopeo@hotmail.com

El compromiso del cristiano en el mundo, se ha expresado en diferentes modos. Uno de ellos ha sido el de la participación en la acción política. La Iglesia venera entre sus Santos a numerosos hombres y mujeres que han servido a Dios a través de su generoso compromiso en las actividades políticas y de gobierno. Entre ellos, Santo Tomás Moro, proclamado Patrón de los Gobernantes y Políticos, que supo testimoniar hasta el martirio la “inalienable dignidad de la conciencia”. Fue sometido a diversas formas de presión psicológica, y rechazando toda componenda, y sin abandonar su “fidelidad a la autoridad y a las instituciones” afirmó con su vida y su muerte que “el hombre no se puede separar de Dios, ni la política de la moral”.
Las actuales sociedades democráticas, exigen nuevas y más amplias formas de participación en la vida pública por parte de los ciudadanos, cristianos y no cristianos. En efecto, todos pueden contribuir por medio del voto a la elección de los legisladores y gobernantes y, a través de varios modos, a la formación de las orientaciones políticas y las opciones legislativas que tengan como finalidad favorecer el bien común. La vida en un sistema político democrático no podría desarrollarse sin la activa, responsable y generosa participación de todos.
Recientemente han surgido fuerzas y movimientos políticos que han expresado posiciones contrarias a la enseñanza moral y social de la Iglesia en cuestiones de ética fundamental. Tales opciones y posiciones, siendo contradictorios con los principios básicos de la conciencia cristiana, son incompatibles con la ética cristiana-católica.
La fe en Jesucristo, que se ha definido a sí mismo “camino, verdad y vida” (Jn 14,6), exige a los cristianos el esfuerzo de entregarse con mayor diligencia en la construcción de una cultura que reproponga el patrimonio de valores y contenidos en el cristianismo.
La fe nunca ha pretendido encerrar los contenidos socio-políticos en un esquema rígido, consciente de que la dimensión histórica en la que el hombre vive, existen situaciones imperfectas y a menudo rápidamente mutables. Por esto, deben ser rechazadas las posiciones políticas y los comportamientos que se inspiran en una visión utópica, la cual instrumentaliza el mensaje religioso, dirigiendo la conciencia hacia una esperanza solamente terrena, que anula o redimensiona la tensión cristiana hacia la vida eterna.
También la Iglesia enseña que la auténtica libertad no existe sin la verdad. “Verdad y libertad, o van juntas o juntas perecen miserablemente”; y la verdad sin la caridad tampoco tendría sentido. En una sociedad donde no se llama la atención sobre la verdad ni se la trata de alcanzar, se debilita toda forma de ejercicio auténtico de la libertad, abriendo el camino al libertinaje y al individualismo, perjudiciales para la tutela del bien de la persona y de la entera sociedad. Y por otro lado la caridad sin la verdad se convertiría en solo un asistencialismo.
Es bueno recordar una verdad que hoy no siempre se percibe, o no se formula con exactitud: El derecho a la libertad de conciencia, y en especial a la libertad religiosa, que se basa en la dignidad ontológica de la persona humana, y menos en una inexistente igualdad entre las religiones y los sistemas culturales. En esta línea, la Iglesia ha afirmado que de ningún modo funda este derecho a la libertad religiosa sobre el supuesto hecho de que todas las religiones y todas las doctrinas, incluso erróneas, tendrían un valor más o menos igual; lo funda en cambio sobre la dignidad de la persona humana, la cual exige no ser sometida a contradicciones externas, que tienden a oprimir la conciencia en la búsqueda de la verdadera religión y en la adhesión a ella.
La conducta de los fieles laicos en la actividad política o de gobierno, deberá ser orientada por los principios fundamentales que no son negociables, partiendo desde luego del primero: la dignidad de la persona humana y sus derechos inalienables..

Durango, Dgo., 13 de junio del 2010.

+ Enrique Sánchez Martínez
Ob. Aux. de Durango
email:episcopeo@hotmail.com