La impunidad, la corrupción, contribuyen a la delincuencia organizada.

Otro factor que ha contribuido a la delincuencia organizada se detecta en la vida política. La crisis de inseguridad y violencia, ha provocado la organización de grupos sociales que buscan hacer sentir su frustración social. Constantemente hay quejas de que no hay garantías de seguridad y también por la impunidad en que quedan muchos delitos del crimen organizado. A esto se añade el dolor de haber perdido un ser querido y las respuestas parciales, contradictorias y hasta cómplices de las instancias de servicio público. Cuando esta situación es manipulada por algún actor político para otros fines, aumenta el riesgo de violencia y de peligro para la sociedad.
La situación en la que vivimos los mexicanos, exige la renovación del Estado Mexicano. Debido a diversas causas el Estado tiene dificultades para definir una política social que lleve a la superación de la pobreza y propicie condiciones y oportunidades de desarrollo humano integral. Aún así, ha sido notorio en distintos niveles de gobierno, el esfuerzo por implementar políticas sociales para la superación de la pobreza. Aunque sus logros se ven minimizados por los efectos de la crisis financiera global. Existe aún el clientelismo político, propiciando paternalismo y dependencia en los ciudadanos. Hay descontento social por los errores en la gestión de las políticas públicas para la superación de la pobreza. En ocasiones la situación de pobreza es aprovechada por quienes tienen ganancias ilícitas para legitimarse delante de la población mediante ayudas o apoyos a las necesidades de la comunidad.
La impunidad. Hay disimulo y tolerancia con el delito por parte de algunas autoridades responsables de la procuración, impartición y ejecución de la justicia. Esto tiene como efecto la impunidad y las deficiencias en la administración de justicia (por incapacidad, irresponsabilidad o corrupción). Se ha hecho evidente la infiltración de la delincuencia organizada en instituciones del Estado. Si no hay justicia, se puede delinquir con mayor facilidad.
La corrupción “es una forma de violencia que, al inocularse en las estructuras de servicio público, se transforma en delincuencia organizada”, ya que de manera descarada se impone “la mordida” como condición a los ciudadanos para recibir un beneficio o servicio gratuito. Este tipo de delincuencia se defiende a sí misma de manera violenta, llegando incluso a generar muertes para ocultarla y el desprecio, difamación y aislamiento de los funcionarios que no participan en este ilícito. “El combate a la corrupción es contradictorio, pues las contralorías no son autónomas en su toma de decisiones y caen en la complicidad. Esta situación de corrupción institucionalizada hace sentir la necesidad de autonomía en la procuración de justicia”.
“Algunas estructuras se han deteriorado por la corrupción, la impunidad y el autoritarismo; de los privilegios de unos cuantos y consolidar procesos e instituciones que permitan la representación de toda la sociedad, a través de métodos transparentes y de autoridades legítimamente elegidas a las que la ciudadanía les pueda pedir cuentas de su actuar”.
La seguridad de los ciudadanos es tarea del Estado. Si se entiende la seguridad ciudadana como “la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros”, el objetivo de las políticas del Estado tendría que orientarse a liberar a las personas del miedo a ser agredido o despojado de lo necesario para vivir. Este sería el camino para el fortalecimiento de las capacidades del Estado.

Durango, Dgo., 8 de Agosto del 2010.
+ Enrique Sánchez Martínez
Obispo Auxiliar de Durango

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