El papa Juan Pablo II, exhorta a los empresarios sobre la “grave responsabilidad respecto a las personas que trabajan en vuestras empresas”. En su Mensaje afirma “no olvidéis que el único título legítimo para la propiedad de los medios de producción es que sirvan al trabajo”. Este es un tema que ya había desarrollado en la Encíclica “Laborem exercens” (1981); cuando trata el conflicto entre trabajo y capital, afirma que hay que hacer precisiones concretas en cuanto a la relación entre trabajo y propiedad, “no se trata sólo de conceptos abstractos o de fuerzas anónimas, que actúan en la producción económica. Detrás de uno y otro concepto están los hombres, los hombres vivos, concretos; por una parte aquellos que realizan el trabajo sin ser propietarios de los medios de producción, y por otra aquellos que hacen de empresarios y son los propietarios de estos medios, o bien representan a los propietarios” (núm. 14). En el centro de esta problemática está el problema de la propiedad.
La Doctrina Social de la Iglesia desde la Encíclica Rerum Novarum(1891), y después con Mater et Magistra (1961), ha puesto el acento sobre este problema, recordando y confirmando la doctrina de la Iglesia sobre la propiedad, sobre el derecho a la propiedad privada, incluso cuando se trata de los medios de producción. Este principio que enseña la iglesia en su magisterio social, “siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la entera creación: el derecho a la propiedad privada como subordinado al derecho al uso común, al destino universal de los bienes” (Laborem exercens 14). En base a este principio el Papa exhorta a los empresarios que una de “vuestras mayores responsabilidades ha de ser la creación de puestos de trabajo”.
Un problema fundamental es el conseguir trabajo. El desempleo es una de las grandes lacras, especialmente en los países como México: encontrar un empleo adecuado para todos los sujetos capaces de él. Son los empresarios y las instituciones gubernamentales, quienes deben generarlos con adecuadas políticas laborales. Hay que actuar contra el desempleo, ya que es un mal y puede convertirse en una verdadera calamidad social. Es un problema doloroso, cuando los afectados son principalmente los jóvenes, quienes, después de haberse preparado técnica y profesionalmente, no logran encontrar un puesto de trabajo y ven así frustradas sus expectativas para trabajar y su disponibilidad a asumir la propia responsabilidad para el desarrollo económico y social de la comunidad. Ayudar a los desocupados y sus familias, que puede ser a través de subsidios, es un deber y una obligación que brota del principio fundamental del uso común de los bienes, del derecho a la vida y a la subsistencia.
El Papa Benedicto XVI, retoma este problema en el contexto del desarrollo: “Al considerar los problemas del desarrollo, se ha de resaltar la relación entre pobreza y desocupación. Los pobres son en muchos casos el resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano, bien porque se limitan sus posibilidades (desocupación, subocupación), bien porque se devalúan los derechos que fluyen del mismo, especialmente el derecho al justo salario, a la seguridad de la persona del trabajador y de su familia” (”Caritas in veritate”, 63).
El otro tema que aborda el Santo Padre Juan Pablo II (Mensaje a los Empresarios 1990), respecto a la responsabilidad de los empresarios hacia las personas, es la cuestión del salario justo. “Como he escrito en la Encíclica “Laborem Exercens”: no existe en el contexto actual otro modo mejor para cumplir la justicia en las relaciones trabajador-empresario que el constituido precisamente por la remuneración del trabajo” (núm. 7). Este es el problema clave de la ética social: la justa remuneración por el trabajo realizado, su salario, hoy es el único modo de cumplir mejor la justicia en las relaciones trabajador-empresario. A través de la remuneración del trabajo, es como los seres humanos pueden acceder a los bienes que están destinados al uso común: tanto los bienes de la naturaleza como los que son fruto de la producción. El salario justo es la verificación concreta de la justicia de todo el sistema socio-económico y de su justo funcionamiento.
“Una justa remuneración por el trabajo de la persona adulta que tiene responsabilidades de familia es la que sea suficiente para fundar y mantener dignamente una familia y asegurar su futuro. Debe recibir un salario familiar. Qué significa ésto? “un salario único dado a la cabeza de familia por su trabajo y que sea suficiente para las necesidades de la familia sin necesidad de hacer asumir a la esposa un trabajo retribuido fuera de casa. Esto puede ser a través de algunas medidas sociales, como subsidios familiares o ayudas a la madre que se dedica exclusivamente a la familia” (Laborem exercens, 19).
La organización del proceso laboral debe respetar las exigencias de la persona y sus formas de vida, sobre todo de su vida doméstica, teniendo en cuenta la edad y el sexo de cada uno. Es un hecho que las mujeres trabajan en todos los sectores de la vida. Pero es conveniente que ellas puedan desarrollar plenamente sus funciones según la propia índole, sin discriminaciones y sin exclusión de los empleos para los que están capacitadas, y sin perjudicar sus aspiraciones familiares y el papel específico que les compete para contribuir al bien de la sociedad junto con el hombre. “La verdadera promoción de la mujer exige que el trabajo se estructure de manera que no deba pagar su promoción con el abandono del carácter específico propio y en perjuicio de la familia en la que como madre tiene un papel insustituible” (Ibid).
Además del salario, entran en juego otras prestaciones sociales que tienen la finalidad de asegurar la vida y la salud de los trabajadores y de su familia. Los gastos relativos al cuidado de la salud, del trabajador y de su familia, también en caso de accidentes de trabajo. El derecho al descanso, regulando el descanso semanal y las vacaciones. El derecho a la pensión, al seguro de vejez y en caso de accidentes relacionados con el trabajo. Además de estos derechos principales, existen otros derechos particulares que también son necesarios para promover una mejor relación entre el trabajador y el empresario. Entre estos derechos hay que tener siempre presente el derecho al ambiente de trabajo y a procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud física de los trabajadores y no dañen su integridad moral (Ibid).
En la búsqueda de soluciones para el desempleo, hoy debemos escuchar la voz de la Iglesia, que con su Magisterio Social, quiere orientarnos en la búsqueda de una mayor justicia social.
Durango, Dgo., 10 de Abril del 2011.
+ Mons. Enrique Sánchez Martínez
Obispo Auxiliar de Durango
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