Las dependencias federales a quienes les compete la solución de la comercialización del frijol son: SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y ASERCA (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria). En los primeros días del mes de noviembre del 2013,  estas dependencias anunciaron el esquema de comercialización para los estados de Durango, Zacatecas y Chihuahua, con un precio base de 12 pesos el kilogramo de frijol para la variedad pinto Saltillo y de 10 pesos para el negro.

Esto con el fin de evitar la especulación que realizan los intermediarios conocidos como coyotes. Aunado a este costo, se pagarían al productor 700 pesos por tonelada de grano que logren certificar; es decir, frijol limpio de impurezas. Además se aseguró que habría presupuesto de 750 millones de pesos para créditos a las empresas que acopiarán el grano a fin de que paguen oportunamente a los productores, con el fin de impulsar a implementar la cultura de limpiar el grano y dejar de venderlo en greña.

Sin embargo, los acaparadores aseguraron que el importe era muy elevado y podría quedarse en bodegas. Las acopiadoras no abrían sus puertas porque no se habían fijado las reglas de operación. El 15 de noviembre la SAGARPA las emplazó para que abrieran a más tardar el 19 del mismo mes. Sólo tres acataron la orden el 22 de noviembre. (Periódico La Jornada: 2 noviembre y 28 de Noviembre del 2013)

            Para finales de noviembre del 2013, la dirigencia de las empresas acopiadoras de frijol en Durango anunció que estos centros ya no recibirán el grano de los productores, porque el precio de garantía que les fijó la autoridad federal, de 12 pesos por kilogramo, está muy por encima de los 9 pesos que marca el mercado nacional. Solo 3 de las 18 empresas que existen en la entidad habían comenzado a trabajar.

            Para el mes de diciembre las autoridades de ASERCA hicieron un ajuste y modifican el esquema anterior  “con el fin de impulsar la venta a los productores, promover la cultura de la calidad y garantizar al agricultor un ingreso seguro de 10 pesos”. El esquema prácticamente quedó igual: las acopiadoras pagarán 8 pesos por kilo a los productores y el gobierno federal subsidiará con 2 pesos. El apoyo directo se otorgará al frijol pinto saltillo, negro y claro, dando prioridad a los productores de hasta 20 hectáreas que participen formalmente en el programa de comercialización (Saúl Maldonado. El Siglo de Durango, 15 diciembre del 2013).

En base a este esquema de comercialización,  las autoridades federales exhortan a los productores a “recurrir a las acopiadoras y obtener de ellas un trato justo y equitativo”. Recurrir a los “coyotes” los lleva a malbaratar su producto y obtener precios muy por debajo de lo autorizado.

Recorriendo la gran mayoría de los municipios y comunidades de nuestra Arquidiócesis de Durango, incluyendo algunos municipios del estado de Zacatecas, y escuchando a nuestros campesinos y a los sacerdotes, que son quienes viven y sufren junto con ellos, la realidad que presenta el campo es grave. El esquema de comercialización tal como lo describen y la ordenan las dependencias federales, en la letra, puede ser que sea un buen esquema, pero en la práctica no se realiza. Solo unos cuantos obtienen “un trato justo y equitativo” de las acopiadoras.

Los obstáculos que ponen son muchos y algunos de ellos solo son excusas para retrasar la recepción de frijol, el productor se desespera, le urgen recursos económicos para pagar sus deudas, para comer, para el combustible, la educación de sus hijos, etc., por eso acuden a la venta de algunos bultos de frijol o acuden a los coyotes que se los compran muy por debajo de lo justo.  Algunos de los acopiadores autorizados son los mismos “coyotes”. Esta es una práctica que existe desde hace tiempo.

Por otro lado no son 10 o 12 días los que deben transcurrir para que se les pague, después de que entregan el frijol en la bodega pasan semanas y meses para que esto suceda; algunos les recibieron el frijol en el mes de diciembre y a esta fecha todavía no les pagan. Existen también abusos en cuanto a lo que les rebajan porque el frijol lleva basura.

El campo mexicano, en estas dos entidades que conforman nuestra Arquidiócesis (Durango y Zacatecas) está sumido en una profunda crisis, cuya principal muestra es la pobreza de las familias que viven de la agricultura y también de la ganadería, son pequeños y medianos productores que necesitan ser ayudados. Sobre todo necesitan que disminuya la corrupción de quienes tienen la responsabilidad de cumplir con los esquemas de comercialización de los productos del campo.

Durango, Dgo., 9  de Marzo del 2014                                  + Mons. Enrique Sánchez Martínez

                                                                                                    Obispo Auxiliar de Durango

                                                                                                  Email: episcopeo@hotmail.com